La noche del 5 de abril de 1992 Perú fue sacudido
por la frase "disolver, disolver el Congreso" en boca del presidente
Alberto Fujimori, inaugurando un autogolpe de Estado. Veinte años después, con
visiones aún contrapuestas, el 'fujimorismo' mantiene su vigencia como la
primera fuerza de oposición.
A dos décadas de aquella noche, el ex mandatario,
de 73 años, cumple una condena de 25 años de cárcel desde 2009 por violaciones
a los derechos humanos, pero el partido que agrupa hoy a sus partidarios,
'Fuerza 2011', logró colocar en las elecciones del año pasado a 37
representantes en el Congreso unicameral.
El Congreso peruano tiene un total de 130 bancas,
siendo el fujimorismo el grupo opositor con mayor representación parlamentaria.
Su hija Keiko, de 36 años, disputó la segunda
vuelta de la elección presidencial que ganó en 2010 el nacionalista Ollanta
Humala. Dedicada hoy a mantener vivo al 'fujimorismo', analistas la posicionan
como una potencial candidata para las elecciones de 2016.
El fujimorismo (derecha) "está todavía muy
presente, tiene un núcleo duro, que está muy arraigado y con mucho poder
económico", estimó en una reciente entrevista el premio Nobel de
Literatura Mario Vargas Llosa, derrotado por Alberto Fujimori en las elecciones
de 1990.
Su influencia se mantiene pese a las visiones
contrapuestas sobre el autogolpe de Fujimori, que clausuró además la Corte Suprema de
Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, en medio de una pugna con el Congreso, en
el cual no tenía mayoría y lo consideraba un obstáculo para gobernar.
El abogado y ex senador Raúl Ferrero recuerda de
esa fecha las agresiones que sufrió junto a otros congresistas.
"Pese a la disolución del Congreso, los
legisladores acordamos reunirnos al día siguiente en la sede del Colegio de
Abogados de Lima, pero una fuerza de soldados de élite nos lo impidió en medio
de forcejeos, empellones y golpes de garrote", relató a la AFP.
Tras el sorpresivo anuncio de Fujimori, que le
permitió asumir poderes absolutos, tanques del ejército salieron durante la
noche a patrullar las calles de Lima y rodearon las sedes del Congreso, del
palacio de Justicia y zonas estratégicas para evitar disturbios.
Contingentes del ejército ocuparon los diarios y
canales de televisión implantando una censura de prensa. La intervención
alcanzó también a las agencias de noticias extranjeras, como la AFP, cuya redacción fue
ocupada esa misma noche por un capitán del ejército y dos soldados, como
"medida de seguridad", según dijeron.
Ferrero, abogado constitucionalista, relata que
pocos días después senadores y diputados lograron reunirse y tomaron juramento
al primer vicepresidente Máximo San Román -opuesto al autogolpe- como
presidente constitucional, pero ello fue en vano "porque a esas alturas el
golpe ya estaba consolidado".
El autogolpe tuvo un amplio respaldo entre los
peruanos, aunque la mayoría lo considera hoy una experiencia que no debería
repetirse.
Una reciente encuesta reveló que el 47% de los
peruanos considera que fue "necesario" en ese momento, mientras que
el 38% lo estimó "innecesario". Remontados a las circunstancias de
1992, un 50% lo desaprobaría y un 37% lo aprobaría.
El martes, Keiko Fujimori afirmó que se trató de
"una medida excepcional que nunca debe repetirse" y admitió que
"se cometieron excesos y graves errores".
No obstante, justificó esa decisión, alegando que
se tomó en "un momento dramático y excepcional cuando los terroristas de
Sendero Luminoso dinamitaban la capital todos los días" y cuando el país
estaba saliendo de la hiperinflación que había dejado el primer gobierno del
socialdemócrata Alan García (1985-1990).
El gobierno de su padre (1990-2000) "sentó
las bases del actual crecimiento económico del país, un modelo que ha sido
respetado por los siguientes mandatarios", dijo Keiko.
Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
opinó que el autogolpe "trató de instrumentar el miedo de la gente para,
bajo pretexto de atacar los grandes males del país, convertir al país en un
enorme botín para un pequeño grupo de inescrupulosos que montaron la mayor red
de corrupción".
"Fue una época de infamias que envenenó la
moral pública", escribió Lerner Febres en el diario La República.
Para Mario Vargas Llosa "fue una tragedia
para el Perú, y quien destruyó la legalidad (Fujimori) fue un criminal, un
criminal que afortunadamente está pagando ese crimen".
